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El Gobierno presentará un plan para industrializar el mineral, en conjunto con los gobernadores. Un sector del FdT pide mejorar la ley minera. Hay consenso en no modificar la Constitución.

La sanción de una ley en la provincia de La Rioja que establece al mineral del litio como recurso estratégico puso sobre la mesa el debate que existe dentro del Gobierno sobre qué hacer con el llamado “oro blanco”. Donde hay consenso es en el objetivo de “agregar valor”, y avanzar en la industrialización.

Para eso, se avanza en un “plan nacional de desarrollo integral de la cadena del litio”, que será presentado este año, en conjunto con los gobernadores, dueños del recurso.

Los debates en cuanto al marco regulatorio existente vendrán después, siempre bajo la premisa de qué se podría modificar para avanzar en el desarrollo productivo. De momento, se cambiaron los cánones, se presentará una nueva ley de electromovilidad y un sector del Frente de Todos mira de cerca las retenciones. Donde no se prevé hacer ninguna modificación es en el artículo 124 de la Constitución Nacional, que establece que el dominio de los recursos naturales corresponde a las provincias.

La declaración de una norma provincial en La Rioja que declara al litio como “recurso estratégico” se volvió un debate nacional. “Ojalá otros gobernadores avanzaran como Quintela”, afirmó un ministro de la nación a este diario, en referencia al gobernador de la provincia. Desde otro ministerio, opinaron: “Quintela hace todo este ruido y en La Rioja no hay licencia social para la minería, menos en un año electoral”.

En el empresariado, hay consenso en repudiar la ley provincial, e inclusive pedir que luego de su aprobación, el gobernador, Ricardo Quintela, no la promulgue ni reglamente, según el reclamo de la Unión Industrial Argentina (UIA). Un empresario minero aseguró que el problema no es que declare al litio como recurso estratégico, sino los artículos de la ley que suspenden de exploración y concesiones ya otorgados durante 120 días, lo que definió como una “especie de expropiación”.

Además, deja “caducos los permisos que se hubieran otorgado” y establece que cualquier actividad debe realizarse con la empresa estatal de La Rioja. Fuentes de la cámara de proveedores mineros aseguraron que es una “mala señal de estabilidad jurídica”, que se da “a metros” de un proyecto como es Josemaría, que está en San Juan, al límite con La Rioja, y donde se prevé una inversión histórica superior a u$s 5000 millones para volver a producir cobre en Argentina.

Debate en el Gobierno

Dentro del Gobierno, existen debates acerca de qué hacer con el litio. En cuanto al marco regulatorio, la única definición tajante es que no se va a modificar la Constitución Nacional, que establece que los recursos son provinciales. Hay un sector del Frente de Todos, cercano a la vicepresidente Cristina Kirchner, que quiere modificar los cánones, las retenciones, mejorar la recaudación, declararlo como recurso estratégico y establecer un “cupo” para que las empresas privadas que realizan la explotación del recurso dejen en el país para la industrialización local.

En Casa Rosada aseguran que lo cánones fueron actualizados con la ley de presupuesto, y que si bien las retenciones podrían subirse por la ley de solidaridad social, generaría mucho “ruido” y poco impacto en exportaciones de u$s 700 millones anuales. En Economía aseguran que, para mejorar el pago de impuestos de las mineras de litio, Aduana realizo denuncias penales a una de las empresas por millonaria subfacturación en sus exportaciones. Hay consenso en que no se buscará la nacionalización del mineral, ni impedir las inversiones extranjeras.

Lo cierto es que antes de avanzar en cualquiera de esos debates, antes la Casa Rosada quiere definir la estrategia, algo que hará con la presentación durante este año de un “plan nacional de desarrollo integral de la cadena del litio”. Allí se sientan todas las patas del FdT: Alberto Fernández vía la Secretaría de Asuntos Estratégicos, Sergio Massa vía el Ministerio de Economía y Cristina Kirchner a través de la presencia del ministro del Interior, Wado de Pedro. En la mesa que delinea este plan se sientan los gobernadores de Jujuy, Salta y Catamarca y las empresas públicas como YPF. Según pudo averiguar Ámbito, un marco regulatorio que se buscará incorporar para sumar industrialización es establecer un nuevo proyecto de ley de electromovilidad.

Por Florencia Barragan

FUENTE: ÁMBITO