La necesidad de una legislación nacional que regule la exploración, concesión, explotación, industrialización y comercialización.
Es un mineral estratégico para la revolución tecnológica y para la transformación de la matriz energética. Argentina tiene la segunda o tercera, según la fuente, reserva de litio. La legislación debería ser readecuada y establecer un marco regulatorio que facilite la instrumentación de un plan estratégico.
Foto: La industrialización del litio es el principal desafío del Estado Nacional y de las provincias.. Imagen: Télam
“Golpearemos a quien queramos”, decía Elon Musk en un intercambio que el CEO y accionista mayoritario de Tesla (mayor fabricante de autos eléctricos del mundo) mantuvo con un tuitero que, tiempo después del golpe de Estado ocurrido en Bolivia en 2019, afirmaba que el mismo había tenido como finalidad principal hacerse del litio boliviano.
Bolivia cuenta con la primera reserva de litio del mundo y Argentina con la segunda (o la tercera, según la fuente que se tome), conformando ambos países, junto a Chile, el llamado “triángulo del litio”. Lugar donde, de acuerdo a un informe de la UNLP, se concentra el 85 por ciento de las reservas de litio de fácil extracción del planeta.
Esto último es un dato sustancial, ya que los niveles de concentración del mineral en esta área geográfica facilitan su explotación, tornándola muy rentable en relación a lo que ocurre en otras partes del mundo en las que, si bien existen importantes cantidades, se encuentran dispersas o son de difícil extracción.
Una vez más, Argentina cuenta con un enorme regalo de la naturaleza, al tener la segunda reserva global de un mineral estratégico para la revolución tecnológica y para la transformación de la matriz energética que está en marcha a pasos agigantados.
Para ambas cuestiones el litio es un insumo clave por su utilización indispensable en la fabricación de las baterías utilizadas en los dispositivos electrónicos de consumo masivo. Pero, fundamentalmente, en las utilizadas en los autos eléctricos que ya están siendo producidos masivamente.
A la demanda de baterías de iones de litio, se debe sumar la enorme cantidad que se requerirá para el almacenamiento de la energía eléctrica proveniente de fuentes renovables, que la reconfiguración de la matriz energética en marcha demandará de forma creciente. Se agrega además los amplios usos del litio en otras industrias.
No obstante, el crecimiento exponencial de demanda que se proyecta, el mercado del litio en sí no es de gran envergadura si se lo compara con otros minerales como el oro, el cobre o la plata. Entonces no es en la venta del mineral donde se presentan las grandes oportunidades, sino en la producción de baterías.
Gran paso
Es un paso indispensable para el desarrollo de la tecnología y la formación de recursos humanos que permita avanzar en la producción a mayor escala. Argentina no sólo cuenta con el mineral en enormes volúmenes, sino también con un sistema tecnocientífico muy bueno que, contando con el apoyo estatal y fuentes de financiamiento, sin dudas podrá lograr los objetivos planteados. Si bien es una tecnología que tiene una complejidad importante, no es de difícil abordaje en un país que exporta reactores nucleares, radares y satélites.
Un mineral de esta importancia no puede ser tratado como uno más y, en consecuencia, la legislación debería ser readecuada y establecer un marco regulatorio que facilite la instrumentación de un plan estratégico, centrado en la obtención de los mayores beneficios económicos y sociales para el país.
No puede quedar librado a lo que definan los gobiernos de las provincias donde se ubica el recurso, dejando al margen a todo el resto de la nación que contribuyó por décadas a la formación del conocimiento y la infraestructura que hoy permite su explotación y aprovechamiento.
Por el contrario, el Estado Nacional debe ser quien dicte la política en materia de exploración, concesión, explotación, industrialización y comercialización del litio, en miras a extraer el mayor potencial del recurso para el desarrollo nacional.
Dominio de los recursos naturales
Para ello, cuenta con amplias facultades que la Constitución otorga al Congreso para llevar adelante las reformas legislativas necesarias, sin entrar en conflicto con lo establecido en materia de dominio de los recursos naturales.
Si bien, en 1994 se estableció que el “dominio originario” de los mismos pertenece a las provincias, el Estado Nacional conserva las potestades emanadas del “dominio eminente” sobre todos los bienes existentes en el territorio nacional. Como explicara Marienhoff, el dominio eminente es una emanación de la soberanía y alude al poder que los Estados tienen sobre su territorio.
De dicho concepto se desprende la irrenunciable potestad del Estado Nacional de legislar en materia de recursos naturales en resguardo de los intereses de todo el conjunto social y en pos del bienestar general. Incluso en el artículo 41 de la Constitución se establecieron previsiones que se desprenden de dicho concepto, al establecer que corresponde a la Nación dictar las leyes de presupuestos mínimos de protección que aseguren el desarrollo sustentable y el uso racional de los recursos, a fin de no privar a las futuras generaciones de los frutos de los mismos.
Regulación por parte del Estado Nacional
De lo dicho, se desprende que es al Estado Nacional, no sólo a quien le corresponde regular la actividad del modo más provechoso para el conjunto, sino que debe hacerlo preservando el interés de las futuras generaciones. Tratándose de un recurso no renovable, la regulación y el control de su producción debería tener un énfasis especial por parte del Estado para lograr tres objetivos principales:
1. Evitar la sobreexplotación que, de producirse, no sólo afectaría el horizonte de producción futura, sino que también redundaría en caídas de precios por sobreoferta, que impactarían negativamente en los ingresos públicos y en la rentabilidad de los proyectos, dado el peso que tiene el país en la oferta global.
2. Establecer cuotas de producción en función de los planes estratégicos nacionales, así como de los planes que se tracen en conjunto con los países vecinos.
3. Establecer los mecanismos jurídicos que tiendan a maximizar el beneficio social de la producción y su redistribución federal.
Una OPEP del litio
Argentina, Bolivia y Chile son propietarios del 85 por ciento de las reservas del litio. Con una alianza estratégica para la producción, industrialización y comercialización del producto, que debería aspirar a transformar en baterías la mayor parte, podría generar una posición prácticamente monopólica en el rubro.
Esto permitiría tener el rol principal en la fijación del precio a partir de la regulación de los volúmenes de producción, coordinación de políticas tributarias y de costos, del mismo modo que lo hace la OPEP en materia de petróleo.
Esto no se podrá lograr permitiendo que, sin una planificación estratégica integral de largo plazo que abarque toda la cadena productiva, las provincias sigan concesionando las áreas a empresas transnacionales, en desconexión con el interés colectivo nacional.
El país tiene una gran oportunidad para un proyecto de industrialización de un recurso natural estratégico, a lo que se suma el anuncio de la creación de YPF litio. Estos proyectos deben ir acompañados de reformas legislativas necesarias para dar el salto cualitativo.
Proyecto de ley
En tal sentido, en 2014, de la mano del diputado Carlos Heller se presentó en el Congreso un interesante proyecto que nunca llegó a tratarse. Entre diversas previsiones, se destacaban: declaraba al litio como “recurso natural estratégico”, fundaba la empresa Yacimientos Estratégicos de Litio Sociedad del Estado que tendría privilegio en las concesiones, creaba una Comisión Nacional de Explotación del Litio y un Fondo Nacional para la Valoración del Litio.
El proyecto en sus fundamentos expresaba: “En la actualidad, en Argentina se están concesionando los yacimientos de litio a grandes corporaciones extranjeras a precios que no tienen en cuenta el verdadero potencial futuro del recurso y en condiciones desventajosas para el país, desaprovechando la oportunidad de mantener soberanía política y estratégica sobre el recurso.”
Es hora de que, atendiendo aquella preocupación, que luego de siete años se ha visto incrementada por el aumento de áreas concesionadas a empresas transnacionales que tienen por objetivo abastecer de materia prima a la producción industrial de los países centrales, se deje de ser el único país de los tres integrantes del triángulo del litio que aún no ha sancionado una normativa nacional específica en la materia, alineada a los intereses estratégicos nacionales.
La sanción de tal normativa puede ser el primer gran paso para comenzar a discutir públicamente la normativa en materia minera sancionada en pleno menemismo. Que junto a la provincialización de los recursos naturales puso a las 24 provincias en la boca del lobo de las mineras multinacionales, permitiéndoles esquilmar a un país que, al mejor estilo colonial, pasó a garantizar exenciones impositivas por 30 años, exportación a simple declaración jurada, topes de regalías del 3 por ciento, deducción en Ganancias de la mayor parte de sus costos y reintegros a las exportaciones.
Por Carlos Inal Kricas *
* Abogado. Magíster en Derecho y Economía. Licenciado en Administración Agropecuaria.
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