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Las empresas extranjeras que operan en el país realizan un escaso aporte fiscal y el Estado tiene apenas un papel secundario en un sector estratégico.

Hay en Argentina unos 20 proyectos de litio en etapa avanzada.. Imagen: Télam

Argentina presenta diferencias abismales en relación a la oleada soberana que se levanta en los países litíferos latinoamericanos. Esta es una de las premisas que formaliza y argumenta el Foro de Especialistas en Litio, conformado a fines de 2019 por la mayoría de las líneas de investigación abocadas al litio del país.

México recién se incorpora a los países que se vinculan con la problemática del litio, pero ya creó una empresa bajo ley congresal “Litio para México”, que tiene más de 80 tenencias litíferas y se apresta a revisar las existentes. Bolivia, pese a que en estos años no ha logrado dar con la técnica que le permita extraer litio en grandes cantidades, solo con la comercialización del potasio obtiene 70 millones de dólares anuales, porque los salares pertenecen 100 por ciento al Estado Plurinacional.

En Chile, la empresas abonan un 40 por ciento en concepto de royalties. Por ello, una sola firma de las dos que operan en el Salar de Atacama de Chile –SQM–, reportó un pagó al fisco de 2198 millones de dólares en el primer semestre de 2022.

Aporte fiscal y empleo

Dos proyectos se encuentran operativos en Argentina, pero hay otros 20 en etapa avanzada, todo en manos de firmas extranjeras. Aquí es muy difícil conocer la tributación de las empresas. Para el 2020, según una estimación realizada para la Cepal, las arcas públicas recaudaron 12,1 millones dólares.

Incluso solo entre 2018 y 2019, la empresa Livent registró más de 400 ventas subfacturadas, con precios de hasta un 121 por ciento por debajo de las demás compañías exportadoras de litio del mundo, y esto sin saber si la cantidad que exporta es la que declara. Analogías sobre la autoridad de las compañías extractivas pueden hacerse respecto de los controles ambientales y sobre la participación de las comunidades originarias y ancestrales.

El empleo litífero es casi nulo, alrededor de 350 trabajadores/as en toda la provincia de Catamarca y menos de 2000 a nivel nacional. Transcurridos 25 años en los que la empresa Livent exporta el litio de Catamarca, no se vislumbran los beneficios. Para tener una base de comparación, en febrero de 2022 se habían inscripto voluntariamente 38.385 habitantes como trabajadoras/es de la economía popular en el RENATEP, el sector con mayor peso en el empleo provincial.

Respecto del crecimiento en la cadena de valor, si se la sopesa

Equilibradamente, la construcción de una planta para la fabricación de celdas de litio localizada en la ciudad de La Plata, que proyecta una producción anual de unos 13 Mwh (lo cual equivale a 1000 baterías para almacenamiento estacionario o unas 50 para colectivos eléctricos) no es de peso en términos industriales. Ese proyecto termina por convalidar la delicadísima situación extractiva del país.

Propuestas

No existe una clara política de articulación de las capacidades científico-tecnológicas en torno al litio. Los intentos de articulación entre los diferentes grupos fueron realizados desde el Foro y han surgido de los/as investigadores mismos/as. Además, dado lo estrecho de las iniciativas, existe una fuerte desvinculación del sistema científico tecnológico con el sistema productivo.

A inicios del año 2020, el Foro sugirió llamar a una Comisión Nacional del Litio –tal como sucedió en Chile– que contribuyera a debatir, diseñar y legitimar una transformación de esta situación. Hoy también propone propiciar nuevos contratos de explotación que permitirían una mayor participación estatal en cada proyecto, un esquema de regalías mucho más favorable a las provincias e incluso aportes específicos para las comunidades locales y el financiamiento de un programa de investigación integral sobre los salares del Altiplano andino.

Otra posibilidad, a tono con lo que sucede en otros países de la región, es que la CNEA o la recientemente anunciada YPF Litio pueda tenga una participación accionaria del 50 por ciento compartida con las provincias en los proyectos ya existentes y aquellos prontos a producir. El porcentaje restante quedaría en manos de las corporaciones, con las que se compartiría el litio argentino.

El hecho de que exista una ley en un rubro en donde el país posee histórica trayectoria, como la Ley de Actividades Nucleares/1997, que reserva el control del litio a la CNEA, dada su importancia para la tecnología nuclear, permitiría avanzar con esta posibilidad tan solo con contar con la decisión política.

En cambio, por el momento YPF Litio busca “asociaciones con las empresas mineras provinciales para exploración del terreno”, cuando el conjunto de las pertenencias ya están tomadas. YPF actúa como si fuera una empresa más, sería una apuesta de aquí a media década y conlleva aceptar que el litio no pertenece a la Argentina. De no mediar cambios, este gobierno consolidó el comando y el control de las tenencias litíferas en manos de grandes firmas de un abanico de países del norte global.

Por Bruno Fornillo *

* Integrante del Grupo de Estudios de Geopolítica y Bienes Comunes. http://geopolcomunes.org/

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