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Las palabras del Presidente desde Nueva York sobre la recategorización del mineral abren un frente con los gobernadores mineros. A qué apunta la Rosada y las implicancias políticas de un cambio semejante.

«Recurso estratégico». Las palabras del Presidente Alberto Fernández desde Nueva York sobre la categorización del litio causaron más estupor en las provincias argentinas ubicadas en el extremo opuesto del mapa americano, donde subyace la riqueza en cuestión, que en el auditorio cosmopolita del aula universitaria donde las enunció durante su gira. Un funcionario comentó a El Cronista que, incluso, retrocedió en la grabación en You tube para confirmar que había escuchado bien la primera vez.

Así y todo, nadie confirma hoy desde el Gobierno que haya una intención literal detrás de lo que, en apariencia, fue otra expresión desacertada del mandatario en la matemática de las palabras. No tanto en lo que refiere al crucial valor del mineral en el presente y a futuro si de divisas e industria para la Argentina se trata sino en cuanto a las implicancias políticas que esa etiqueta particular de «estratégico» trae aparejada al litio en términos de propiedad.

Por si acaso, el Presidente se apuró a aclarar: «Somos un país federal y debemos respetar que el recurso es de las provincias» (desde la reforma constitucional de 1994). Y resaltó que «el litio tiene que ver con la energía del futuro pero la clave es que no sea exportado, sino que Argentina sea proveedora de baterías de litio». En Houston, luego, lo mencionó en términos de «fomentar la seguridad jurídica y previsibilidad a las empresas que inviertan en gas, petróleo y litio» pero no fue más allá.

Lo inconveniente, en definitiva, fue la expresión «estratégico» que citó en Nueva York al equiparar la situación de la Argentina con Chile y que desde Desarrollo Productivo primero y ahora el Ministerio de Economía, se cuidan de no utilizar por pedido de las provincias. Incluso procuran «educar» a cada uno de los y las funcionarias de otras carteras que abordan temáticas vinculadas al litio y su explotación, como el caso del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

«Somos un país federal y debemos respetar que el recurso es de las provincias. El litio tiene que ver con la energía del futuro pero la clave es que no sea exportado, sino que Argentina sea proveedora de baterías de litio»
«Genera reacciones», explicó un asesor del Gobierno en el área. «Hablar de ‘recurso estratégico’ cuando uno se refiere a los minerales, y en particular al litio, que son propiedad de las provincias, provoca ruidos con los gobernadores. Uno puede estar trabajando en un intercambio de información con sus administraciones y, de pronto, del otro lado se cierran, empiezan a desconfiar, a retacear datos. Se preguntan si no hay alguna intención detrás», agrega.

Un funcionario cercano al mandatario deslizó, ante la consulta de El Cronista, que definir al litio como «estratégico» forma parte de una idea que circuló en algún momento sin saber qué nivel real de progreso tiene en la actualidad. Hay, de hecho, quienes empujan una alianza con los otros países del Triángulo del Litio -Chile y Bolivia– , sumando a México y quizás Perú para conformar una suerte de ‘OPEP’ del litio pero nada de eso es factible si Nación no concentra su dominio o rediseña el concepto de su propiedad con los verdaderos dueños.

IMPLICANCIAS

Para Carlos Freytes, director del área de Recursos Naturales del Centro de Estudios Fundar, se desprenden dos posibles acepciones del discurso del Presidente. La primera -la más traumática para las provincias- implicaría remover al litio del marco general del Código de Minería y dotarlo de una legislación específica en la que Nación podría tener control directo sobre el recurso.

«El problema de esto es que la Constitución nacional le asigna a las provincias el dominio originario de los recursos naturales por lo que es de pensar que buscarían bloquear su tratamiento legislativo o eventualmente lo judicializarían, si fuera por otro instrumento», sostuvo Freytes ante El Cronista. La segunda acepción de las palabras presidenciales es entenderlas como la necesidad de trazar una estrategia en torno a este mineral por su carácter clave en la transición hacia la electro movilidad y la promoción de una matriz energética más limpia.

El problema de esto es que la Constitución nacional le asigna a las provincias el dominio originario de los recursos naturales por lo que es de pensar que buscarían bloquear su tratamiento legislativo o lo judicializarían
Esta segunda explicación es la que prefieren quienes interpretan también las palabras del mandatario dentro del Gobierno como la pretensión de reconocerle al litio su peso geopolítico en un mundo que lo demanda cada vez más y dotarlo así de cierta seguridad. No obstante, desde Economía son tajantes en cuanto a que nunca se habló -al menos en el área y en la mesa de coordinación con las provincias productoras: Jujuy, Catamarca y Salta- de una hipótesis semejante.

Remarcan, en cambio, que el consenso que se alcanzó en ese espacio de articulación federal fue el de llamar al mineral como uno de «importancia económica estratégica» y no meramente «estratégico». Y en cómo se optó por apelar a determinadas construcciones semánticas en lugar de otras: hablan de «cadenas de valor», por caso, en torno al litio. Y de alianzas internacionales que se concentran únicamente en la «transferencia de conocimiento» en torno a su extracción y producción, como con Bolivia. Son detalles no menores.

Acorde al Código de Minería que regula la actividad en la Argentina, declarar un recurso como «estratégico» tiene implicancias militares, como un mineral clave para la defensa. El artículo 354 fija que «el Poder Ejecutivo Nacional, a propuesta conjunta de los Ministerios de Defensa y de Economía y Obras y Servicios Públicos y en coordinación con las autoridades superiores de las Fuerzas Armadas, clasificará periódicamente las sustancias minerales estratégicas, a los fines señalados en el presente Código».

Esto se complementa con un documento de este año del Consejo Federal de Minería (Cofemin) que establece una tipología específica de minerales como «críticos», «estratégicos» y de «importancia económica estratégica» a la que se arribó en un acuerdo lingüístico entre Nación y provincias. El litio figura en el tercer conjunto mientras que en el primero se ubica a aquellos minerales «cuyo riesgo de escasez en su suministro y por lo tanto su consecuente impacto sobre la economía, es mucho mayor que para cualquier otra materia prima», como el aluminio o el fósforo.

En simultáneo, el documento del Cofemin que integran todas las provincias mineras y la Nación, define como «estratégicos» a «todos aquellos minerales que son utilizados en la industria por sus particulares propiedades intrínsecas, siendo sus reservas muy codiciadas por los países industrializados.» Ahí la diferencia con el litio como mineral de «importancia económica estratégica» y no solo «estratégica».

Algo parecido sucede en Chile, donde la categorización del lito como «estratégico», ha entorpecido en su momento los planes del gobierno de Sebastián Piñera de incrementar los márgenes productivos. En el vecino país, no obstante, esa declaración tuvo, en 1979, un objetivo específico plasmado en el decreto ley Nro 2886 a través del cual el pinochetismo se propuso reservar el litio para el desarrollo nuclear, a la par del uranio y el torio, y bajo la tutela, entonces, de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN).

por MARIANO BELDYK

FUENTE: CRONISTA