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El presidente Alberto Fernández visitó este mediodía la planta de la automotriz Toyota Argentina, en la localidad bonaerense de Zárate, donde el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, presentaron el proyecto de Ley de Promoción de la Movilidad Sustentable, que generará en los próximos 10 años inversiones por 8.300 millones de dólares y 21.000 puestos de trabajo.

El mandatario nacional, junto a empresarios del sector automotriz, realizó una recorrida donde pudo conocer una variada gama de vehículos propulsados con fuentes de potencia no convencionales.

Posteriormente, el ministro Kulfas explicó que la Ley surge del trabajo del Consejo Económico y Social (CES) y “es un plan a 20 años que requiere de los consensos necesarios” para que “la Argentina sea una gran plataforma sudamericana y regional de fabricación de vehículos eléctricos y sus baterías y que podamos industrializar en la Argentina las materias primas”.

El secretario de Asuntos Estratégicos y titular del CES, Gustavo Beliz, afirmó que “el país requiere de esta visión de futuro y una mirada estratégica” y que por eso el proyecto “va a ser discutido en el Parlamento para poder trazar ese horizonte de políticas de Estado”.

La propuesta impulsa la creación de un régimen promocional que incluirá beneficios impositivos, nuevas instituciones y financiamiento de largo plazo.

Además, se propone estimular la utilización creciente y sostenida de vehículos propulsados con fuentes de potencia no convencionales, lo que incrementará el aporte de la Argentina a la lucha global contra el cambio climático.

Por su parte, el titular de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) y presidente de Toyota Argentina, Daniel Herrero, dijo que “la industria automotriz genera más de medio millón de empleos en la Argentina y no puede perder el tren de la movilidad sustentable”, al tiempo que celebró la iniciativa oficial. “Estoy seguro que lo vamos a trabajar juntos, como lo hemos hecho para salir de la pandemia y para duplicar este año las exportaciones”, enfatizó.

El proyecto plantea un régimen de beneficios tanto para la demanda, tales como que “quienes compren vehículos eléctricos tendrán un bono verde que podrán descontar de manera directa del precio del vehículo, de artículos auxiliares como los cargadores, y se removerá de la base imponible de bienes personales a dichos vehículos”, explicó Kulfas.

Asimismo, prevé beneficios para la oferta, que incluye terminales, autopartistas, fabricantes de baterías y cargadores, serían temporales, con una duración de 20 años, y decrecientes en el tiempo para acelerar las inversiones.

De aprobarse la norma, para el año 2030 se proyectan inversiones por 5.000 millones de dólares en terminales automotrices, lo que generaría 12.500 puestos de trabajo; por 1.500 millones de dólares en sectores autopartistas, que implicarían la creación de 6.000 empleos, y por 1.800 millones de dólares en el rubro de fabricantes de baterías, con 2.500 puestos de trabajo nuevos.

En ese escenario de inversiones por alrededor de 8.300 millones de dólares, se generarían exportaciones por 5.000 millones de dólares, y se espera obtener un ahorro acumulado de 10.7 millones de toneladas de CO2 equivalente.

Kulfas precisó que el proyecto propone la creación de la Agencia Nacional de Movilidad Sustentable, que sería el primer régimen productivo argentino con una institución de I+D (Investigación y Desarrollo) con programas promocionales específicos, que buscarán promover el desarrollo científico, tecnológico y volcarlo al sistema productivo del sector.

El texto plantea que desde el año 2041 no podrán comercializarse vehículos con motor de combustión interna nuevos en el territorio nacional, y cubre toda la movilidad terrestre, ya sean móviles livianos, medianos, pesados, de pasajeros, de carga, la micromovilidad, o los experimentales, entre otros.

También impulsa un Fondo Fiduciario de la Movilidad Sustentable (FODEMS) que garantice la disponibilidad y sustentabilidad de financiamiento que requerirá el régimen a lo largo de sus 20 años, que tomaría fondos de diversas fuentes y los aplicaría a la inversión necesaria para la reconversión.

Participaron también de la actividad el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, y los secretarios de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, Ariel Schale, y de Política Tributaria, Roberto Arias.