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Se establece mediante un acuerdo firmado por Salta, Catamarca y Jujuy.Diputados le dio la media sanción que faltaba para cumplir con el requisito fijado por el propio Tratado. Además, aprobó la extensión por un año más de la Emergencia Económica vigente desde hace 31 años en Salta.

Entre advertencias sobre una posible injerencia de la Nación con el fin último de quedarse con el litio, los diputados de Salta dieron el aval al Tratado Interprovincial de Creación de la Región Minera, que en su artículo sexto exige ese requisito legislativo para poder entrar en vigencia.

En líneas generales los diputados coincidieron en destacar la importancia estratégica que tiene el litio, que permitirá a la región obtener ganancias mediante su explotación,lo que posibilitará desarrollar particularmente esas zonas mineras.

Pero a su vez plantearon que la Nación podría querer capitalizar este recurso minero, y que el tratado vendría a conformar una especie de escudo coordinado entre las tres provincia productoras: Salta, Catamarca y Jujuy.

Así lo explicitaron Luis Albesa, Andrés Suriani, Julio Moreno y Carlos Zapata. En menor medida lo dijo también Socorro Villamayor, quien manifestó que el tratado marca una serie de reciprocidades entre las provincias al momento de plantear la explotación del litio dentro de un área natural que tienen las tres en común. Además dijo que muestra la voluntad de hacer un trabajo mancomunado para su explotación y también dejar en claro quienes son las dueñas del recurso.

Pero a su vez reconoció que existe cierta dependencia de Nación, especialmente en lo que se refiere a las obras de infraestructura, por lo que este tratado permite que las tres provincias vayan como una sola voz a plantear las prioridades que necesita la región, ya sea al momento de tratar con YPF Litio, solicitar investigación científica, educación, y, especialmente, obras como las viales o para garantizar los servicios públicos en esa zona. “Las voces unidas dan más fuerza”, expresó.

El único que votó en contra del aval, fue el de Claudio del Plá, ya que consideró que es un tratado que no cambiará nada y enumeró que no modificará la normativa minera vigente desde el menemismo que impone solamente el 3 por ciento en concepto de regalías. Tampoco, agregó, impone derecho al veto en cuestiones ambientales a las comunidades del lugar.

Y basó su desconfianza hacia las empresas que exploran y operan en la zona en que un informe firmado por científicos del Conicet logró detectar que las empresas multinacionales que extraen el litio lo venden a sus propias filiales en el exterior a un precio menor que el del mercado, de esta manera se aseguran pagar el 3 por ciento de regalías sobre una cifra inferior. Según el diputado, en el informe se sigue el caso de la empresa Livent que opera en el Salar del Hombre Muerto y que recurriría a este tipo de prácticas.

En tanto, Santiago Godoy señaló que el tratado establece parámetros que no tienen trascendencia legal, ni jurídica, pero que permite establecer algunos puntos de trabajo en común y evitar que surjan conflictos como, por ejemplo, limítrofes, que aún tiene pendiente la provincia con sus dos vecinas.

Pero subrayó que en la explotación del litio ve un peligro que debería ser subsanado por la propia Legislatura, ya que consideró que la política de sociedad en las ganancias con las mineras que implementa Salta a través de Remsa no puede quedar a criterio de los eventuales acuerdos que firme dicha empresa estatal.

“Ahora apareció una empresa francesa y Remsa decidió cobrarle un 5 por ciento, capaz mañana aparece otra y deciden un 7, y así”, señaló Godoy, que además puso de ejemplo lo que sucede en Jujuy en donde está establecido legalmente que la provincia participa de un 7 por ciento de las ganancias, independientemente de lo que le corresponde por las regalías.

El Tratado, cuyo aval ya tenía la media sanción del Senado, establece en su artículo primero que reconoce que las tres provincias «integran en su conjunto, a los efectos del desarrollo económico y social derivado de la investigación, extracción, producción, industrialización y comercialización del elemento químico Litio (Li), presente en salmueras, y sus productos y derivados, un área territorial natural del país, a la que se denominará REGIÓN MINERA DEL LITIO”.

Y además crea el Comité Regional del Litio, integrado por “los titulares de la Autoridad Minera de máximo nivel de cada una de las Provincias (Ministerio de Minería y/o Producción. Cada Provincia deberá nombrar un miembro titular y uno suplente para integrar el Comité) y se invitará a conformar dicho comité al Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo Productivo y Ministerio de Ciencia de la Nación”.

Por último, señala que “el Comité Regional del Litio tendrá como fin específico actuar como ente coordinador de los requerimientos provinciales, entre sí y ante la Nación, en los aspectos de interés regional referidos a la investigación, producción, industrialización y comercialización del litio a lo largo de su cadena de valor”.

Un año más de Emergencia

Los diputados avanzaron ayer con la media sanción para prorrogar por doce meses más la ley 6.583 que establece la Emergencia Económica y Administrativa en la provincia desde hace 31 años, ya que fue dictada por primera vez cuando gobernaba Hernán Cornejo.

Desde entonces mediante leyes o decretos de necesidad de urgencia, se fue estirando el plazo hasta la actualidad, y todo parece que seguirá por lo menos en 2022.

El gobierno justificó el pedido en que la Ley Nº 6.583 hace plausible la limitación de algunos beneficios y exenciones económicas, los cuales más que nunca deben ser controlados a los efectos de poder llevar previsibilidad a las medidas de gobierno.

Mientras que la Ley 7.125, de la cual también se pide un año más, que se encuentra concatenada a la Ley Nº 6.583 en lo que respecta a la vigencia de ambas y así también a la operatividad de la Ley Nacional Nº 25.344.

En el mensaje que acompañó al proyecto enviado por el gobernador Gustavo Sáenz, se fundamenta el pedido en que “se ha montado un andamiaje normativo del cual dada la coyuntura social, no resulta en estas instancias conveniente desprenderse abruptamente, por cuanto de su continuidad se encuentran en juego la posibilidad de la reactivación económica que nuestro Gobierno busca a diario, entre otras acciones de Estado”.

También expresa que “teniendo en cuenta la imprevisibilidad en la cual nos hemos sumido atento las fluctuantes situaciones generadas por la pandemia de COVID-19, no resulta conveniente en esta instancia realizar modificaciones de fondo, considerando oportuno posponer las mismas para el año venidero, en tanto la situación de salud así lo permita, debiendo las citadas medidas consolidarse sobre cimientos estables que admitan desarrollar una proyección a largo plazo”.

El proyecto fue aprobado no sin antes recibir críticas de la oposición, por un lado por la extensión en el tiempo de la emergencia, así como por ser acusado el propio estado de no cumplir con la normativa, tal como lo resaltó Zapata dando el ejemplo del otorgamiento de subsidios, algo expresamente vedado por la ley.

El proyecto fue aprobado con el único voto negativo de Claudio Del Plá y la abstención de Carlos Zapata y Julio Moreno.

FUENTE: PÁGINA 12